Recordemos que la vendimia dio comenzó el pasado 16 de agosto en las cotas bajas de la Subzona Hoyo de Mazo, para ir escalando altitudes a lo largo de todo este tiempo y concluir la recolección el pasado 19 de octubre en la parte alta de la Subzona Norte de La Palma.

En estos dos meses que duró la vendimia se recolectaron algo menos de 650.000 kilos de uva, de los cuales el 51% correspondió a variedades tintas, frente al 49% de variedades blancas. Hay que recordar que en la pasada campaña 2018 se recolectaron casi 1.300.000 kilos, pero curiosamente se mantuvieron los porcentajes entre variedades tintas y blancas en las mismas proporciones. A lo largo de la vendimia se han recolectado un total de 21 variedades de uva diferentes entre las que se encuentran como mayoritarias la Listán blanco seguida de la Negramoll, el Albillo, el Almuñeco, el Listán Prieto, el Vijariego negro, la Castellana, entre otras.

Habría que remontarse hasta el año 2007 para recordar una vendimia con tan baja producción en la isla de La Palma, recolectándose en esa campaña unos 563.000 kilos aproximadamente.
Como cada año, el clima ha marcado la producción. Invierno seco y cálido seguido de una primavera muy cálida y seca y ola de calor a mitad de agosto, a lo que se unió el escaso nacimiento de racimos, lo que ha provocado la merma tan importante que hemos tenido en las producciones de este año.

La uva procede de viticultores inscritos en los registros del Consejo Regulador y ha ido a parar a las 19 bodegas acogidas a La Denominación de Origen Protegida de Vinos La Palma.

Los rendimientos por hectárea han sido tan bajos, que, en este sentido, desde el Consejo Regulador se está trabajando junto con la Administración para que se estudie la formula que ayude a que, aquellos viticultores que no han llegado al mínimo de producción (400kg/hectárea), puedan cobrar puntualmente en esta campaña la ayuda al mantenimiento del viñedo.

Así mismo, el Consejo Regulador permanece en continuo contacto con La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, para que se pongan en marcha las gestiones de cara a favorecer bonificaciones a la Seguridad Social, a las que puedan acogerse agricultores, autónomos, bodegas e incluso el propio Consejero Regulador, así como posibles exenciones fiscales, debido a las pérdidas tan grandes que la falta de uva supone para este sector.